La Junta Directiva Nacional, los Secretarios Generales y los miembros del Tribunal Disciplinario Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, reunidos en la ciudad de Barquisimeto el 5 y 6 de febrero de 2011, en un Secretariado Nacional convocado por la XIII Convención Nacional reunida en Caracas el 7 y 8 de agosto de 2010, alerta a la opinión pública venezolana del peligro que corre en estos momentos el ejercicio del periodismo y las libertades ciudadanas al vulnerarse derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tales riesgos se materializan con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley RESORTE, hoy Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos, y la Ley de Telecomunicaciones. Ambos instrumentos jurídicos restringen de manera flagrante el trabajo de los comunicadores sociales y, en consecuencia, limitan el derecho de la colectividad a recibir información oportuna y directa de la fuente.
Indignados vemos cómo se restringe la labor diaria del comunicador para acceder a las principales fuentes de información que conlleva, además, decisiones inaceptables como el prohibir el acceso al parlamento nacional y a otras instancias del poder público, para darle cobertura a hechos de interés nacional que se discuten en sesiones legislativas, instancias judiciales y policiales, por citar solo algunas, y que son de dominio público.
Esta circunstancia plagada de ilegabilidad le impide al ciudadano recibir información confiable, aun cuando los funcionarios públicos están obligados constitucionalmente a no ocultar o sesgar información de carácter público como la que se genera, por ejemplo, en la AN.
EL CNP asume, como siempre, el compromiso social de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por lo tanto, impulsará la presentación ante la AN, Consejos Legislativos de los estados y Concejos Municipales, un proyecto de Ley de Transparencia y de Libre Acceso a la Información, de tal manera de garantizar no sólo el libre ejercicio del periodismo sino también los más elementales derechos democráticos que ha conquistado la sociedad venezolana.
Ante estos hechos inconstitucionales la redes sociales se han convertido en una alternativa de comunicación al cumplir un papel determinante en la reducción de los niveles de incertidumbre entre la población, como en el caso del trágico siniestro ocurrido recientemente en las instalaciones de Cavim, en la ciudad de Maracay.
Cualquier pretensión de investigar el uso de las distintas redes sociales no puede ser una excusa para la persecución de las ideas, de allí que rechazamos los anuncios hechos por las autoridades del estado Aragua.
El CNP también alerta a la opinión pública venezolana sobre el peligro que representa para la libertad de expresión la falta de respuesta en la no renovación de la concesión a Radio Coro, estación que durante 72 años ha funcionado en la capital del estado Falcón, y que acallaría una voz independiente en esa región.
Tales riesgos se materializan con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley RESORTE, hoy Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos, y la Ley de Telecomunicaciones. Ambos instrumentos jurídicos restringen de manera flagrante el trabajo de los comunicadores sociales y, en consecuencia, limitan el derecho de la colectividad a recibir información oportuna y directa de la fuente.
Indignados vemos cómo se restringe la labor diaria del comunicador para acceder a las principales fuentes de información que conlleva, además, decisiones inaceptables como el prohibir el acceso al parlamento nacional y a otras instancias del poder público, para darle cobertura a hechos de interés nacional que se discuten en sesiones legislativas, instancias judiciales y policiales, por citar solo algunas, y que son de dominio público.
Esta circunstancia plagada de ilegabilidad le impide al ciudadano recibir información confiable, aun cuando los funcionarios públicos están obligados constitucionalmente a no ocultar o sesgar información de carácter público como la que se genera, por ejemplo, en la AN.
EL CNP asume, como siempre, el compromiso social de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por lo tanto, impulsará la presentación ante la AN, Consejos Legislativos de los estados y Concejos Municipales, un proyecto de Ley de Transparencia y de Libre Acceso a la Información, de tal manera de garantizar no sólo el libre ejercicio del periodismo sino también los más elementales derechos democráticos que ha conquistado la sociedad venezolana.
Ante estos hechos inconstitucionales la redes sociales se han convertido en una alternativa de comunicación al cumplir un papel determinante en la reducción de los niveles de incertidumbre entre la población, como en el caso del trágico siniestro ocurrido recientemente en las instalaciones de Cavim, en la ciudad de Maracay.
Cualquier pretensión de investigar el uso de las distintas redes sociales no puede ser una excusa para la persecución de las ideas, de allí que rechazamos los anuncios hechos por las autoridades del estado Aragua.
El CNP también alerta a la opinión pública venezolana sobre el peligro que representa para la libertad de expresión la falta de respuesta en la no renovación de la concesión a Radio Coro, estación que durante 72 años ha funcionado en la capital del estado Falcón, y que acallaría una voz independiente en esa región.
Igualmente, el Secretariado Nacional manifiesta su preocupación por la uniformidad de la línea editorial de las estaciones de radio existentes en la ciudad de Los Teques, todas pertenecientes a la red pública de medios de comunicación. Con la imposición de una sola voz propiciada por directrices emanadas de los órganos oficiales, se atenta contra el derecho de la población mirandina a obtener información balanceada por los medios radiofónicos.
Los Secretarios Generales, los miembros de la Junta Directiva Nacional y los del Tribunal Disciplinario Nacional decidieron apoyar al colega Biagio Pilieri, periodista y diputado electo a la Asamblea Nacional, quien se encuentra privado de libertad a pesar de que en dos oportunidades se le ha juzgado por el mismo delito, en ambas ocasiones con decisiones absolutorias, y al que en este momento se le quiere abrir otro juicio en la ciudad de Caracas, con lo que se vulneran sus derechos humanos, y lo que constituye también una forma de acallar su voz en la Asamblea Nacional, donde él ha de representar a sus electores.
Los periodistas de Venezuela reiteran su compromiso de luchar por la defensa de los derechos de información y expresión, que son derechos de los ciudadanos, y para ello fortalecerá la Alianza por la Libertad de Expresión que se ha sellado con otros gremios y organizaciones civiles.
Junta Directiva Nacional:
Silvia Alegrett (Presidenta) / DelValle Canelón (Secretaria General) / Ivonne Andara (Secretaria de Organización) / Jenny do Nascimiento (Secretaria de Relaciones) /Teodoro Franco (Secretario de Publicaciones) / Nestor Garrido (Secretario de Comunicaciones) / Deyanira Castellanos (Secretaria de Deporte y Cultura) / Jeanette Orta (Secretaria Adjunta de Asuntos Profesionales) / Dharma Parra(Secretaria Adjunta de Mejoramiento Profesional)
Tribunal Disciplinario Nacional:
Elio García / Rosa Virginia Garrido / Norys Brows/ Xiomara Andara
Secretarios Generales:
Domingo L. Díaz Mendoza (Anzoátegui) / José Ramón Gonzáez (Apure) / Amira Muci (Aragua) / Armando Obdola (Bolívar) / Ángel Perozo (Carabobo) / Angélica Fereira (Ciudad Guayana) / Miguel Mundo (Cojedes) / Gustavo Cabrera (Costa Oriental del Lago) / Hernán Lugo Galicia (Caracas) / Euclides Sebastián (Lara) / Alicia Aguilar (Miranda) / Marinela Peña (Paraguaná) / Peggy Rivas (Táchira) / Jesús Segovia (Trujillo) / Karen Racines (Vargas) / Carlos Vielma (Yaracuy) / Nikary González (Zulia).
Los Secretarios Generales, los miembros de la Junta Directiva Nacional y los del Tribunal Disciplinario Nacional decidieron apoyar al colega Biagio Pilieri, periodista y diputado electo a la Asamblea Nacional, quien se encuentra privado de libertad a pesar de que en dos oportunidades se le ha juzgado por el mismo delito, en ambas ocasiones con decisiones absolutorias, y al que en este momento se le quiere abrir otro juicio en la ciudad de Caracas, con lo que se vulneran sus derechos humanos, y lo que constituye también una forma de acallar su voz en la Asamblea Nacional, donde él ha de representar a sus electores.
Los periodistas de Venezuela reiteran su compromiso de luchar por la defensa de los derechos de información y expresión, que son derechos de los ciudadanos, y para ello fortalecerá la Alianza por la Libertad de Expresión que se ha sellado con otros gremios y organizaciones civiles.
Junta Directiva Nacional:
Silvia Alegrett (Presidenta) / DelValle Canelón (Secretaria General) / Ivonne Andara (Secretaria de Organización) / Jenny do Nascimiento (Secretaria de Relaciones) /Teodoro Franco (Secretario de Publicaciones) / Nestor Garrido (Secretario de Comunicaciones) / Deyanira Castellanos (Secretaria de Deporte y Cultura) / Jeanette Orta (Secretaria Adjunta de Asuntos Profesionales) / Dharma Parra(Secretaria Adjunta de Mejoramiento Profesional)
Tribunal Disciplinario Nacional:
Elio García / Rosa Virginia Garrido / Norys Brows/ Xiomara Andara
Secretarios Generales:
Domingo L. Díaz Mendoza (Anzoátegui) / José Ramón Gonzáez (Apure) / Amira Muci (Aragua) / Armando Obdola (Bolívar) / Ángel Perozo (Carabobo) / Angélica Fereira (Ciudad Guayana) / Miguel Mundo (Cojedes) / Gustavo Cabrera (Costa Oriental del Lago) / Hernán Lugo Galicia (Caracas) / Euclides Sebastián (Lara) / Alicia Aguilar (Miranda) / Marinela Peña (Paraguaná) / Peggy Rivas (Táchira) / Jesús Segovia (Trujillo) / Karen Racines (Vargas) / Carlos Vielma (Yaracuy) / Nikary González (Zulia).
